Estados Pontificios
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Los Estados Pontificios o «Estados de la Iglesia» estuvieron formados por un conglomerado de territorios básicamente centroitalianos que se mantuvieron como un estado independiente entre los años 756 y 1870 bajo la directa autoridad civil de los papas, y cuya capital fue Roma.
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Creacion de los Estados Pontificios
Carlos Martel, en el 741, dividió su reino en dos partes, una para Carlomán y otra para Pipino (sus dos hijos). Carlomán abdicó en el 747 para convertirse en monje. Cuatro años después, Pipino (conocido como el Breve por su corta estatura), confinó en un monasterio al último descendiente de Clodoveo, el joven Childerico III; y fue proclamado por la nobleza rey de los francos, y se convirtió en el fundador de la dinastía carolingia.
Pipino no solo fue rey por elección, sino que además recibió la bendición de la Iglesia. Obtuvo del papa Zacarias un mandato, según el cual, quien detentaba el poder, podía asumir el titulo de rey “ por la gracia de Dios”, ungido como David en el antiguo testamento.
A partir de ahí se produjeron nuevas conexiones entre el Papado y la monarquía carolingia. La primera fue:
Roma se vio amenazada por los Lombardos, cuyo ejército cercó la ciudad mientras el papa Esteban II solicitaba inútilmente ayuda al emperador de Bizancio. Denegado el auxilio bizantino, el papa pidió a Pipino una intervención urgente. El Rey franco realizó dos incursiones en Italia, forzó a los lombardos a abandonar el asedio de Roma y les obligó a devolver sus conquistas. Finalizado el conflicto, los territorios situados en la Romaña y las Marcas no fueron restituidos al control de Bizancio, sino que fueron conferidos al papa - donación de Quierzy, en el año 756 -, como legitimo representante del poder imperial. Este tratado destruyo a los lombardos, y a su vez permitió la constitución del Estado Pontificio independiente de todo poder temporal y base del futuro poder de la Iglesia Romana.
Origen
Desde que se instituyó la sede episcopal de Roma, los fieles, y en mayor medida los emperadores cristianos, fueron donando a la Iglesia romana cuantiosos bienes territoriales, algunos de ellos constitutivos de importantes extensiones de terreno. Estas posesiones, más otras de carácter inmueble, vinieron a integrar lo que se conoció como Patrimonio de San Pedro, y estuvieron diseminadas por toda Italia e incluso fuera de ella. Su administración, aunque no convirtió inicialmente a los papas en jefes de Estado, les confirió no obstante auténticas prerrogativas civiles y políticas reconocidas por la Pragmática Sanción de 554 promulgada por el emperador Justiniano I (una vez que, tras la conquista de Belisario, Roma volvía a estar bajo la soberanía de los emperadores, tras el interregno hérulo y ostrogodo), entre otras la de poseer una fuerza militar que llegó a constituir un respetable ejército puesto en acción en múltiples ocasiones, en no pocas bajo el mando del propio pontífice-caudillo. Por otro lado, muchos de los papas procedían de las clases dominantes romanas y ejercieron simultáneamente el cargo episcopal y el de gobernante civil de la Ciudad Eterna. Tal fue el caso de Gregorio I Magno (590 – 604), hombre avezado en el desempeño de funciones políticas pues había ostentado anteriormente el cargo de prefecto de la propia ciudad (prefectus Urbis) y pertenecía a una familia de patricios romanos.
Pero los Estados de la Iglesia no se originan hasta el pontificado de Esteban II, hacia 756. La tutoría del Imperio Bizantino sobre Roma y su sede pontificia estaba declinando desde principios del siglo VIII. El distanciamiento respecto al imperio de Oriente se hizo cada vez más patente y profundo con visos de auténtica ruptura, como cuando el papa Constantino I, enfrentándose al emperador Filípico Bardanes, al que tildó de hereje, llegó a dirigir sus armas contra el exarca bizantino. En aquel clima de tensión, siendo de temer la ofensiva del lombardo Astolfo contra Roma tras haberse apoderado éste de Rávena, el papa Esteban acude, en demanda de socorro, a los francos. Su rey, Pipino el Breve, se lo presta. La intervención de los francos apaciguó a Astolfo, quien aceptó traspasar Rávena a la «República Romana». Pero retirados aquellos, el rey lombardo incumplió su compromiso y, por añadidura, puso sitio a Roma. Nueva llamada del papa al reciente protector franco y nueva acción de éste en su auxilio. Sometidos, por fin, los lombardos con la intervención de Pipino, éste hizo entrega al papa del antiguo exarcado de Rávena (Rávena, Ferrara, Bolonia, ...), de la Pentápolis (obispados de Rímini, Pesaro, Fano, Senigallia y Ancona) y de la región de Roma, confiriéndo al sumo pontífice el dominio temporal de un estado que, con algunas variaciones geográficas, había de perdurar durante más de once siglos, hasta 1870. No obstante, en un intento de extraer mayor provecho político, Esteban II exhibió un apócrifo documento convenientemente falsificado por la propia Curia romana, y supuestamente hallado tres años antes, que ha dado luego en llamarse «Donación de Constantino». Según este simulado protocolo (de cuya falsedad hoy no existe ninguna duda, pues ya quedó demostrada en el siglo XV), Constantino I el Grande habría cedido al papa Silvestre I, para sí y sus sucesores, no ya el palacio de Letrán, lo que en efecto hizo, sino la posesión de toda Italia y la dignidad imperial. Pipino no cayó en la trampa de la ambición papal.
Sin embargo, el peligro lombardo no había quedado definitivamente conjurado por las acciones militares de Pipino el Breve. El rey Desiderio invadió los Estados Pontificios y aun la misma Roma. Adriano I, papa a la sazón (774), invocó de nuevo en este trance a los francos para que le dispensen su protección, y, como años atrás hiciera su padre, acudió ahora Carlomagno en ayuda de la Santa Sede. El resultado fue la restitución de los bienes de la Iglesia y la promesa, no cumplida, de anexión de otros territorios. En todo caso, la mayor parte de la Italia central quedó constituida en un estado independiente bajo el gobierno de los papas. En agradecimiento, el papa coronó a Carlomagno como emperador de Occidente en el año 800.
El periodo medieval
Desaparecido el Imperio Carolingio, el autoproclamado rey de Italia, Berengario II, amenazó las posesiones eclesiásticas. El papa Juan XII requirió el amparo de Otón el Grande, quien doblegó al hostigador y entró triunfante en Roma. Allí, en la Basílica de San Pedro, el papa restableció la dignidad imperial, coronando a Otón como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico el 2 de febrero de 962, mientras que Otón, por su parte, ratificó la potestad de la Iglesia sobre los Estados Pontificios mediante el «Privilegium Othonis».
La Italia meridional nunca formó parte de los Estados Pontificios, pero sí estuvo sujeta a vasallaje de éstos durante el periodo de dominación normanda. En 1059, mediante el concordato de Melfi, dimanado del concilio celebrado en esta ciudad, el papa Nicolás II otorgaba a Ricardo de Aversa la investidura del principado de Capua, y a Roberto Guiscardo la del ducado de Apulia y de Calabria, así como, para un futuro, del señorío de Sicilia. Como contrapartida a la unción papal con que se vieron dignificados, se comprometían éstos a prestar vasallaje al sumo pontífice en todo momento. Roberto Guiscardo se mostró imparable en sus conquistas y en pocos años ocupó toda Sicilia y tomando a los musulmanes Palermo, Mesina, Bari, Brindisi, Amalfi y Salerno. Cuando en 1080 Gregorio VII precisó el auxilio militar del normando le otorgó su apostólico beneplácito a las conquistas a cambio de una formal declaración de vasallaje hacia la Santa Sede sobre todos los territorios ganados.
En las postrimerías del pontificado de Inocencio II, hacia 1143, coincidiendo con el movimiento reivindicativo municipal que se extendía por todas las ciudades de Italia, el Senado romano se hizo con buena parte del poder civil de los papas. El sucesor de Inocencio, Lucio II intentó restablecer por las armas el orden anterior y atacó el Capitolio al frente de un ejército, pero el Senado le infligió una severa derrota. Arnaldo de Brescia se puso al frente de la revolución popular y senatorial romana. Bajo su liderazgo se pidió que el papa depusiera todo poder temporal, y que él mismo y el resto del clero entregasen sus posesiones territoriales. Roma se apartó de la obediencia civil al papa y se declaró nueva república. Federico Barbarroja devolvió al papa Adriano IV el gobierno de los Estados Pontificios cuando, deseando ser coronado emperador en Roma de manos del pontífice, entró en 1155 en la ciudad con un potente ejército y apresó y ejecutó a Arnaldo de Brescia. No obstante, fue el propio Federico quien, en aras de una política expansionista que aspiraba al control de toda Italia, puso años después a los papas en grave riesgo de perder sus posesiones.
Inocencio III dio un impulso decisivo a la consolidación y engrandecimiento de los Estados Pontificios. Sometió definitivamente al estamento municipal romano y privó de poderes al senado de la urbe. Recuperó el pleno dominio de aquellos territorios pertenecientes al patrimonio de San Pedro que el emperador había entregado a mandatarios germánicos, expulsando a los usurpadores de la Romaña, del marquesado de Ancona, del ducado de Spoleto y de las ciudades de Asís y de Sora. Por la fuerza de las armas precedida de la excomunión eclesiástica se incautó de los territorios en litigio que habían constituido las posesiones de la condesa Matilde de Toscana y que, presumiblemente, habían sido legados como herencia a la Santa Sede, pero que permanecían en posesión de vasallos del emperador. De esta forma obtuvo el reconocimiento por parte de las ciudades de Toscana de su soberanía, y con ello el norte de Italia sacudía el dominio germánico y caía bajo la órbita de la autoridad pontificia. Por añadidura, como consecuencia de la cruzada llevada a cabo contra los albigenses en el Mediodía francés, había logrado de Raimundo VI de Tolosa la cesión de siete castillos en la región de Provenza, patrimonio que se incorporó al de la Iglesia y que luego, en 1274, sería trocado mediante acuerdo entre Gregorio X y el rey Felipe III el Atrevido por el condado Venesino, región que comprende las tierras que se extienden entre el Ródano, el Durance y el Monte Ventoux.
Los Estados Pontificios volvieron a pasar por un difícil trance durante el imperio de Federico II (1215-1251). Dueño del reino de las Dos Sicilias e incorporadas al imperio Lombardía y Toscana tras la derrota de la liga lombarda en 1239, Federico se propuso anexionar igualmente el patrimonio de San Pedro para acaparar el dominio de toda Italia. Marchó sobre Roma, de donde se vio obligado a huir el papa Gregorio IX, se paseó desafiante y sin oposición por toda Italia, nombró gobernador del territorio peninsular a su hijo Enzio y él mismo se erigió en señor de los Estados Pontificios. El año 1253, dos después de la muerte del emperador, el papa Inocencio IV pudo regresar a Roma desde su exilio francés y retomar el gobierno de la ciudad y del resto de los dominios eclesiásticos.
Los Estados Pontificios no podían sustraerse a los acontecimientos que se estaban produciendo en la convulsa Italia de mediados del siglo XIV. Sin contar con la desvinculación de algunos feudos tradicionales de la corte romana, como Sicilia, en poder ahora de la Corona de Aragón, o el reino de Nápoles, bajo la autoridad de la casa de Anjou, el propio estado pontificio estaba en descomposición. Así lo ponían de manifiesto casos como el de Giovanni di Vico, que se había erigido en señor de Viterbo tras hacerse con una extensa zona territorial perteneciente al papa; o el de la insumisión en que se encontraba el ducado de Spoleto; o el de la fáctica independencia del marquesado de Ancona; o el de la privatización de Fermo llevada a cabo por Gentile de Mogliano y la de Camerino por Ridolfo de Varano; o el de la abierta rebeldía de los Malatesta; o el de Francesco degli Ordelaffi, que se había hecho con una gran parte de la Romaña; o el de Montefeltro que señoreaba los distritos de Urbino y Cagli; o el de la ciudad de Senigallia apartada de la obediencia papal; o el de Bernardino y Guido de Polenta, que se habían adueñado de Rávena y de Cervia, respectivamente; o el de Giovanni y Riniero Manfredi que habían hecho lo propio con Faenza; o el de Giovanni d’Ollegio que mantenía bajo su posesión la ciudad de Bolonia. Era precisa una actuación resuelta y aplastante contra todos aquellos rebeldes si se quería reunificar el patrimonio de San Pedro. Aprovechando la presencia en Aviñón del español Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo y avezado militar, que había participado con las huestes de Alfonso XI de Castilla en la batalla del río Salado y en el sitio de Algeciras, Clemente VI le elevó al cardenalato y le confió la misión de reclutar un ejército. Dos años después (1353), entronizado ya Inocencio VI, portando una bula por la que se le nombraba legado papal plenipotenciario para los Estados Pontificios, se aplicó Gil de Albornoz a la misión encomendada, consiguiendo militarmente todos sus objetivos. Recuperó cuantos territorios habían sido usurpados y doblegó a los altivos cabecillas de la insubordinación italiana; los estados de la iglesia volvían, agrupados, a la obediencia del papa.
La época del Renacimiento
En los albores del siglo XVI, cuando las naciones europeas conseguían unificarse y sus monarcas asumían el poder absoluto de las mismas, no era la iglesia de Roma la única que advertía que la descomposición multiseñorial italiana y las pugnas entre sus heterogéneos y mal avenidos estados eran caldo de cultivo para las intervenciones de franceses, alemanes y españoles, ni tampoco era la única que temía, de otra parte, que la implantación de un estado único nacional le privara de los derechos gubernamentales sobre su propio territorio, lo que, en el caso de la iglesia, supondría la pérdida de su jurisdicción temporal. A cada príncipe italiano, y al papa como otro más de los jefes de estado, sólo le hubiera satisfecho ser él el líder unificador de toda la península en torno a sus dominios; pero la iglesia, por su talante ecuménico y su tradición teocrática universal, estaba en mejores condiciones que sus posibles competidores para llevar a cabo aquel cometido. Con este ánimo de potenciales monarcas absolutos de una Italia unida y centralista ejercieron los papas renacentistas su jefatura de estado.
La singularidad de Alejandro VI (el papa Borgia) estriba en que concebía la organización papal como una monarquía personalista y ansiaba la formación de un reino centroitaliano desvinculado de la Santa Sede, cuya corona descansase sobre la cabeza de alguno de sus hijos. A tal efecto, decidió subyugar a los tiranos locales, vasallos nominales de Roma pero que gobernaban a su antojo sus respectivos feudos. Con su hijo Juan, duque de Gandía, a la cabeza de los ejércitos pontificios fueron cayendo los castillos de Cervetri, Anguillara, Isola y Trevignano, acciones por las que le nombró duque de Benevento y señor de Terracina y Pontecorvo. Cuando Juan murió asesinado, el papa encomendó la capitanía de sus ejércitos a otro de sus hijos: César Borgia. Con la ayuda militar francesa, Cesar tomaba en 1499 las ciudades de Imola y Forlí gobernadas por Catalina Sforza, y luego la de Cesena. Más tarde se apoderó de Rímini, señoreada por Pandolfo Malatesta y de Faenza, de Piombino y su anexa Isla de Elba, de Urbino, Camerino, Città di Castello, Perusa y Fermo, y por fin de Senigallia. De todo ello pasaba a ser dueño el hijo del papa a quien éste había nombrado soberano de la Romaña, Marcas y Umbría.
El empeño del papa Julio II (1503-1513) consistió en devolver a la Iglesia las posesiones de que los Borgia se habían apropiado. En algunos casos lo consiguió con facilidad; en otros por la fuerza de las armas. Perusa y Bolonia quedaron reintegradas en los Estados Pontificios de esta manera en 1506. Venecia amenazaba con competir con el Vaticano por el dominio de Italia; para atajar este peligro, Julio II formó la Liga de Cambrai con la intervención de Francia, España, el Sacro Imperio, Hungría, Saboya, Florencia y Mantua. Venecia no pudo oponer resistencia a tan potente enemigo y resultó derrotada en la batalla de Agnadello en 1509, dejando al papa sin rival. Con la ayuda de España trató luego de desembarazarse de la presencia en suelo italiano de los franceses, dueños de Génova y Milán. Lo consiguió tras dura lucha, pero lo que nunca lograría es liberar a Italia del dominio español que perduraría intensa y prolongadamente, en especial durante los reinados de Carlos I y Felipe II, aunque éstos nunca acrecentaron sus posesiones a costa de los Estados Pontificios. Por el contrario, Felipe II, si bien contra sus deseos, no impidió que el papa Clemente VIII anexionase a los bienes de la Iglesia la ciudad de Ferrara en 1597.
Movimientos revolucionarios
El condado Venesino y Aviñón pertenecían a los Estados Pontificios, formando un enclave en suelo francés. Estas posesiones fueron confiscadas durante la Revolución Francesa, siendo papa Pío VI (1775-1799).
La invasión napoleónica de Italia en 1797 no se detuvo ante las puertas de Roma: un año después las tropas francesas entraban en la ciudad. Unidos a los franceses, los revolucionarios italianos exigieron del papa la resignación de su soberanía temporal. El 7 de marzo de 1798 se declaró la República Romana y el papa fue apresado y deportado a Francia. Napoleón Bonaparte quiso regularizar las relaciones con la Iglesia, lo que quedó plasmado en el Concordato que Francia y la Santa Sede firmaron en 1801. El papa –lo era entonces Pío VII– regresó a Roma, de donde retornó a París para coronar emperador a Napoleón en 1804. Pero pronto el papa supuso un estorbo en los planes del emperador, quien en 1809 se adueñó de los Estados Pontificios, los incorporó al imperio francés y retuvo a Pío VII como prisionero en Savona. Tras las derrotas de Napoleón, el papa pudo retomar sus posesiones en 1814, siendo reconocida en el Congreso de Viena de 1815 la pervivencia de los Estados Pontificios dentro del nuevo orden europeo, aunque con una ligera merma territorial que fue a parar a poder de Austria.
El espíritu revolucionario francés se extendió también por Italia. En 1831, el mismo año en que era nombrado papa Gregorio XVI, estalló un levantamiento en Módena, seguido de otro en Reggio y poco después en Bolonia, donde se arrió la bandera papal y se izó en su lugar la tricolor. En cuestión de semanas todos los Estados Pontificios ardían en la hoguera revolucionaria y se proclamaba un gobierno provisional. En torno a la Marca se creaba el «Estado de las Provincias Unidas» de la Italia central. Gregorio XVI no contaba con efectivos militares suficientes para contener un movimiento de aquellas proporciones; necesitó de la ayuda extranjera, que en esta ocasión le vino de Austria. En febrero de 1831 las tropas austriacas entraban en Bolonia forzando la salida del «gobierno provisional» que se refugió en Ancona; en dos meses la rebelión quedó de momento sofocada. Con verdadera urgencia se dieron cita en Roma representantes de Austria, Rusia, Inglaterra, Francia y Prusia, las cinco grandes potencias del momento, para analizar la situación y elaborar un dictamen sobre las reformas que a su juicio era necesario introducir en la administración de los Estados Pontificios. No todas las sugerencias realizadas en tal sentido fueron aceptadas por Gregorio XVI, pero sí las suficientes como para que los cambios en materia de justicia, administración, finanzas y otras fuesen palpables.
A pesar de ello, estos pequeños logros no fueron suficientes para satisfacer las demandas de los exaltados revolucionarios. A finales de ese mismo año de 1831 la rebelión se propagaba otra vez por los estados de la Iglesia. Las tropas austriacas, cuya presencia constituía una garantía de estabilidad y orden, habían regresado a sus bases de origen; fue preciso pedir de nuevo su intervención, cosa que llevó a cabo solícitamente el general Radetzky. Unidas sus fuerzas a las del papa fue tarea fácil tomar Cesena y Bolonia, focos de la protesta revolucionaria. Francia, por su parte, desplegó algunos destacamentos en Italia y ocupó Ancona que fue desalojada en 1838. Después de unos años de calma la agitación revolucionaria se hizo notar en 1843 en Romaña y Umbría. En 1845 fuerzas sublevadas se apoderaron de la ciudad de Rímini. Pudieron ser desalojadas aunque no reducidas, de forma que, si bien abandonaron Rímini, llevaron la revolución a Toscana.
El nacionalismo italiano
Los aires revolucionarios que soplaban con fuerza por toda Italia derivaron en corrientes impulsoras de la unidad nacional. El rey sardo-piamontés Carlos Alberto asumió las iniciativas en pro de tal unidad y declaró la guerra a Austria. El papa Pío IX, que había sido entronizado en 1846, no quiso unirse a la causa, actitud que no le perdonó el pueblo romano. Estalló la rebelión y Pío IX tuvo que huir de Roma en noviembre de 1848. Se abolió el poder temporal del papa y se proclamó la II República Romana. Se organizó un contingente militar aportado por diversas naciones católicas y el 12 de abril de 1850 el papa regresaba a Roma, abolida la efímera república. En el verano de 1859 algunas ciudades de la Romaña se levantaron contra la autoridad del papa y adoptaron la plebiscitaria resolución de anexionarse al Piamonte, lo que se llevó a efecto en marzo de 1860. Ese mismo año, Víctor Manuel solicitó formalmente del papa la entrega de Umbría y de Marcas, lo que Pío IX rehusó hacer. Las tropas piamontesas se enfrentaron a las del papa, que resultaron derrotadas en Castelfidardo (18 de septiembre) y en Ancona (30 de septiembre). La iglesia se vio desposeída de aquellas regiones que, en unión de la de Toscana, de Parma y de Módena -éstas por voluntad propia expresada mediante plebiscitos-, se anexionaron al creciente reino de Piamonte-Cerdeña (noviembre de 1860), que pasaba a denominarse reino de Italia del Norte. Los Estados Pontificios quedaban definitivamente desmembrados y reducidos a la ciudad de Roma y su entorno, donde el papa, bajo la protección de las tropas francesas, siguió por el momento ejerciendo su declinada autoridad civil.
El fin
En 1870 estalló la guerra franco-prusiana y el emperador francés precisó disponer de todos los efectivos militares, incluidas las unidades de guarnición en Roma. Italia fue aliada de Prusia en esta contienda, por lo que contó con el beneplácito de Bismarck para actuar sin reparos contra las posesiones del pontífice profrancés. Pío IX reunió ocho mil soldados en un desesperado intento de resistir, pero el insuficiente ejército papal no pudo contener a las divisiones italianas que marcharon patrióticamente enardecidas sobre Roma. El 20 de septiembre de 1870 entraban en la capital del flamante reino de Italia en cuyo palacio del Quirinal establecía su corte el rey Víctor Manuel II.
Desde el comienzo de su pontificado el Papa Pío IX se vio envuelto en la vorágine histórica que significó el proceso de unificación de Italia. Ésta implicaba necesariamente el fin de los Estados Pontificios, a lo que Pío IX se opuso tenazmente. Ciertamente el Papa comprendía muy bien la causa de Italia, pero no podía por ello involucrarse en una guerra contra Austria, ni ceder ante las tendencias anticatólicas y anticlericales del gobierno piamontés, ni renunciar a la libertad espiritual de la Iglesia, garantizada por el Estado Pontificio. No se le puede acusar de no haber sabido prever una solución como la que finalmente se encontraría en 1929 mediante los Pactos de Letrán, que dieron origen al pequeño Estado Vaticano. Con el apoyo de Napoleón III el Papa logró mantener sus Estados hasta que en 1870 la derrota del emperador ante las tropas prusianas fue aprovechada por el gobierno de Víctor Manuel II para ocupar Roma y así poner término al poder temporal del papado.
Tuvieron que pasar 59 años hasta que, el 11 de febrero de 1929, Pío XI y Mussolini suscribieran los «Pactos Lateranenses», en virtud de los cuales la iglesia reconocía a Italia como estado soberano, y ésta hacía lo propio con la Ciudad del Vaticano, pequeño territorio independiente de 44 hectáreas bajo jurisdicción pontificia.
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